
Archivo/ELSOLIDARIO.Javier Milei, presidente de Argentina.
El 2 de enero de 2025, el presidente argentino, Javier Milei, implementó una medida que exige despedir a tres empleados públicos por cada nuevo trabajador contratado en el sector estatal. Esta decisión, que forma parte de su estrategia para reducir el gasto público y optimizar los recursos, ha generado controversia.
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Según el gobierno argentino, la medida del nuevo Decreto 1148/2024, busca mejorar la eficiencia administrativa, pero la oposición y sindicatos critican que podría afectar la calidad de los servicios públicos esenciales.
Más controles
Hasta octubre de 2024, el número de empleados públicos en Argentina ya había disminuido en 30,000, pasando de 343,353 en noviembre de 2023 a 305,688. Además, el gobierno ha implementado pruebas de competencia para los funcionarios públicos, con la participación de 9,000 trabajadores en diciembre y más de 31,000 en los próximos meses.
El gobierno de Milei ha implementado exámenes de competencia para evaluar la capacidad de los empleados públicos. En diciembre de 2024, 9,000 funcionarios participaron en una primera ronda de pruebas. En las próximas semanas, más de 31,000 trabajadores del sector público deberán someterse a nuevas evaluaciones.
Desigualdades y precariedad
Esta reducción y los exámenes periódicos forman parte de la visión de Milei de un Estado más eficiente, aunque expertos temen que la austeridad podría generar desigualdad.
Las cifras, aunque orientadas a la eficiencia, muestran el impacto directo de la medida: menos personal estatal en áreas clave, lo que podría agravar las ya precarias condiciones en sectores como la salud y la educación. Si bien la austeridad fiscal es un objetivo legítimo, el recorte en servicios públicos podría dejar a sectores vulnerables sin los recursos necesarios para enfrentar sus problemas diarios.
Los responsables deben reflexionar sobre las consecuencias sociales de estas decisiones, ya que un Estado menos presente podría aumentar la desigualdad y la precariedad de los más necesitados. Las reformas deben considerar el bienestar de los ciudadanos y no solo los aspectos financieros.
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