
Imagen de elperiodic.com : El Solidario. Policía Nacional.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Alcoy, Alicante, acusada de empadronar en su domicilio a personas migrantes en situación irregular a cambio de 700 euros. Este suceso revela la desesperación de quienes, en su búsqueda de estabilidad y regularización, se ven obligados a recurrir a prácticas irregulares ante un sistema que les cierra las puertas.
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Un sistema que margina y precariza
La mujer arrestada ofrecía su domicilio como lugar de empadronamiento para migrantes en situación irregular, cobrándoles una elevada cantidad de dinero. Según las autoridades, esta práctica se llevaba a cabo sin que las personas vivieran realmente en su vivienda, lo que constituye un delito.
Sin embargo, este caso no puede analizarse sin tomar en cuenta el contexto: la falta de vías legales para regularizar la situación migratoria de muchas personas en España. Para los migrantes, el empadronamiento es un paso fundamental para acceder a derechos básicos, como la sanidad, la educación o el permiso de residencia. La criminalización de estas prácticas a menudo invisibiliza las barreras estructurales que perpetúan la exclusión social y económica.
La situación de estas personas migrantes pone de relieve un sistema que les obliga a vivir en la marginalidad, sin acceso a derechos básicos y expuestos a la explotación. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado que estas prácticas irregulares son, en muchos casos, el último recurso para quienes buscan integrarse en la sociedad y salir de la precariedad.
Por otra parte, la detención de esta mujer en Alcoy abre un debate necesario sobre la responsabilidad institucional y la urgencia de reformar las políticas migratorias, que en lugar de proteger, muchas veces empujan a miles de personas a vivir en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Más allá de la legalidad del acto, este caso evidencia un fallo estructural en el trato hacia las personas migrantes. Es imprescindible avanzar hacia un sistema más inclusivo y humano, en el que nadie tenga que pagar por derechos que deberían ser universales.
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