Migrantes regularizados despedidos por un error legal que el Gobierno tarda meses en corregir
Rocío Benítez 
Foto: Niklas Jeromin / Pexels
José consiguió en España lo que perseguía desde hacía un año: un contrato de trabajo con derechos reconocidos, después de sobrevivir a empleos inestables y abusivos en la construcción. Su alegría duró poco. Un permiso provisional, el que la ley otorga a quienes solicitan la regularización extraordinaria, empezó a interpretarse como si hubiera caducado a los tres meses. La consecuencia fue inmediata: empresas que despidieron a trabajadores regularizados sin que existiera, en realidad, ninguna causa legal para hacerlo.
¿Cómo puede una interpretación «errónea» costarle el sustento a cientos de familias? La respuesta está en la lentitud burocrática. El Gobierno tardó semanas en enviar por escrito las instrucciones que aclaraban lo obvio: el permiso sigue vigente hasta que el solicitante recibe una respuesta, y el llamado «silencio negativo» no opera en estos casos. Mientras la letra pequeña se demoraba en un cajón, las personas migrantes pagaban el precio de la indefinición administrativa.
No es un detalle técnico. Es, otra vez, el patrón de un sistema que traslada sus fallos de gestión a quienes menos margen tienen para resistirlos. Una persona regularizada no tiene colchón económico ni tiempo que perder: cada semana sin ingresos es una semana más cerca de la precariedad de la que intentaba salir. Y sin embargo, ha sido su vulnerabilidad, no un fallo normativo real, la que ha estado a punto de romper contratos firmados de buena fe.
El episodio deja una lección incómoda: las leyes migratorias no fallan solo cuando se escriben mal, también fallan cuando se comunican tarde. Mientras los despachos discuten plazos y silencios administrativos, son personas concretas las que pierden trabajos concretos. Que el Gobierno haya corregido el rumbo con directrices oficiales es necesario, pero llega después del daño. La regularización no puede ser un derecho a medias, sujeto a la interpretación de quien firme la baja el lunes. Si el Estado reconoce un derecho, debe garantizar también que nadie tenga que defenderlo solo, en los tribunales, después del despido.
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