Barcelona llegó a la víspera de la Diada con una imagen difícil de ignorar: antidisturbios de los Mossos d’Esquadra protegiendo el acceso de simpatizantes de Aliança Catalana al Fossar de les Moreres mientras realizaban cargas contra antifascistas que trataban de acercarse al acto.
La movilización había sido convocada por Arran, Endavant, Alerta Solidària, el SEPC y la COS bajo el lema “Unidad antifascista para una tierra de todos”. El objetivo era protestar contra la presencia de Aliança Catalana y Sílvia Orriols en uno de los espacios más simbólicos del independentismo catalán.
Según las cifras recogidas por El País, alrededor de 2.400 manifestantes antifascistas se concentraron frente a unas 600 personas vinculadas al acto de Aliança. La Guardia Urbana situó en unas 3.000 las personas presentes en total.
Los Mossos habían desplegado previamente un fuerte dispositivo porque Aliança Catalana contaba con autorización para celebrar allí su ofrenda. Cuando algunos manifestantes intentaron romper el cordón policial, agentes de la BRIMO cargaron para mantener la línea. Hubo tres personas detenidas y otras cuatro quedaron investigadas por desórdenes públicos.
Ese contexto importa.
Pero también importa la fotografía política.
Mientras Orriols pronunciaba un discurso en el que reclamó una “Cataluña catalana” y presentó su proyecto en términos de supervivencia identitaria, quienes protestaban contra la extrema derecha eran contenidos físicamente por la policía.
El dispositivo puede explicarse jurídicamente por la obligación policial de proteger un acto autorizado.
Eso no elimina la paradoja.
El Estado protegía el espacio donde hablaba una formación de extrema derecha mientras las porras caían sobre quienes intentaban impedir su presencia.
No toda actuación policial es automáticamente represión.
Pero cuando el antifascismo acaba detrás del cordón y la extrema derecha dentro del espacio protegido, resulta legítimo preguntarse qué orden se protege y quién termina recibiendo sus golpes.
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