Un informe de Médicos del Mundo arroja una realidad alarmante: casi 30.000 personas, principalmente en situación irregular, han sido excluidas del sistema sanitario español en los últimos 32 meses.
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Además, se han identificado cerca de 70.000 barreras administrativas que dificultan el acceso a una sanidad que debería ser universal y gratuita. Mientras tanto, la ley para garantizar la atención universal permanece atascada en el Congreso desde hace nueve meses, dejando en la incertidumbre a miles de vidas.
El derecho a la salud, consagrado como un pilar básico de cualquier sociedad democrática, está siendo vulnerado sistemáticamente. Las trabas burocráticas, los recortes presupuestarios y la falta de voluntad política perpetúan un sistema donde la exclusión sanitaria no solo es posible, sino estructural.
Exclusión para los más vulnerables
Este panorama afecta especialmente a las personas migrantes, quienes ya enfrentan condiciones de vida precarias y discriminación en otros ámbitos.
No es solo una cuestión moral, sino también de salud pública. Negar atención sanitaria a un sector de la población compromete el bienestar colectivo, al aumentar riesgos de contagio de enfermedades y saturar los servicios de urgencias. Además, pone en evidencia una visión miope que prioriza los números sobre las personas.
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta situación con la aprobación inmediata de la ley de universalidad sanitaria. Pero mientras los debates legislativos se alargan, miles de personas quedan desamparadas, vulnerables y privadas de un derecho fundamental.
Cabe recordar que la sanidad no es un privilegio, sino un derecho. Continuar con este modelo excluyente no solo es inhumano, sino también contraproducente para una sociedad que se define como progresista y solidaria. Las barreras deben derribarse, no levantarse, porque en salud, la equidad no debería ser negociable.
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