Fausto 
EuropaPress/El Solidario. Juez Juan Carlos Peinado.
La Fiscalía ha hablado claro. No hay sustancia jurídica, no hay delito, y lo que hay, por si quedaban dudas, es un ruido político planificado desde los juzgados. El caso contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, no es más que una caza de brujas judicial orquestada por quienes confunden la toga con una pancarta de Vox.
El juez Juan Carlos Peinado, en un movimiento más propio de un tertuliano que de un magistrado, ha tomado decisiones de “gran sonoridad mediática” pero sin “respaldo jurídico”, según ha denunciado la propia Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y no hablamos de una interpretación discutible: hablamos de una evidente instrumentalización del poder judicial con fines políticos, algo tan peligroso como antidemocrático.
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Francisco Martín, delegado del Gobierno, ha sido citado por un hecho que ni siquiera ocurrió durante su mandato. ¿La razón? Crear titulares, alimentar sospechas, sembrar dudas, justo antes de una cita electoral. La derecha judicial, porque sí, existe y tiene nombres, está intentando debilitar al Gobierno progresista a base de bulos legitimados en papel timbrado.
Lo que estamos viendo es un nuevo episodio del lawfare: la guerra judicial como sustituto de la confrontación política democrática. No han logrado tumbar a Sánchez en las urnas, no han conseguido frenar reformas sociales ni el avance de derechos, y ahora lo intentan manchando a su entorno más cercano.
El verdadero escándalo no es la causa contra Begoña Gómez. El escándalo es que una parte del aparato judicial actúe como brazo político de la derecha mediática y partidista. El silencio cómplice de los grandes medios ante esta maniobra es igual de preocupante.
Si no defendemos ahora la independencia judicial real, la próxima víctima no será una primera dama, sino la democracia misma.
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