El Consejo de Ministros de Italia aprobó dos decretos legislativos que autorizan a la policía a usar sistemas de inteligencia artificial en videovigilancia y controles biométricos, incluido el reconocimiento facial. El Gobierno italiano los presenta como la primera «ley marco nacional» que aterriza en el ámbito policial las excepciones previstas por el Reglamento de IA de la Unión Europea, en vigor desde 2024.
El propio reglamento europeo (UE 2024/1689) fija los límites: prohíbe la vigilancia policial predictiva basada únicamente en perfiles, la creación de bases de datos biométricos mediante rastreo masivo de imágenes en internet o cámaras, y la clasificación de personas por rasgos como raza, religión u orientación sexual. La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos queda vetada salvo excepciones muy tasadas —buscar a una persona desaparecida, prevenir un atentado— y siempre con autorización judicial.
Italia ha optado por activar esas excepciones cuanto antes. Otros países han ido en dirección contraria: la autoridad francesa de protección de datos, la CNIL, ha declarado ilegal el uso de módulos de reconocimiento facial por parte de la policía y exige desactivarlos, mientras que en Alemania los comisionados de protección de datos de varios Länder alertan de que no existe base legal suficiente para la identificación biométrica automatizada, pese a que ya se usan sistemas como Peris para comparar imágenes de vídeo.
España, de momento, no tiene ley propia. Las normas autonómicas de coordinación policial —en Andalucía, Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana— hablan de dotar a los cuerpos de «medios técnicos modernos», pero ninguna regula de forma específica el reconocimiento facial ni los algoritmos de apoyo a la investigación criminal. El país se apoya, por ahora, solo en la legislación estatal de protección de datos y en el paraguas —difuso— del reglamento europeo.
Ese vacío es el verdadero riesgo. Cuando un país como Italia normaliza el uso policial de estas herramientas, el modelo tiende a exportarse antes que el debate público que debería acompañarlo. Y la vigilancia biométrica no impacta a todos por igual: los colectivos más señalados por los sistemas de control migratorio y de espacios públicos —personas migrantes, manifestantes, minorías— son también los que menos capacidad tienen de fiscalizar cómo se usan estos algoritmos. La pregunta no es si España adoptará un marco similar al italiano, sino si lo hará con las garantías que exige Francia o con las salvedades, más laxas, que ha elegido Roma.
Deja un comentario