Gobierno Ayuso enfrenta otro escándalo de corrupción por fraccionamiento de contratos en obras de centros educativos
Fausto 
Ilustración/El Solidario. Isabel Díaz Ayuso contratos a dedo en obras de FP.
Se abre un nuevo capítulo del escándalo de los contratos de Formación Profesional (FP) que sacude al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La investigación se ha extendido a otros dos institutos, sumando ya una decena de centros educativos implicados en prácticas irregulares.
La Fiscalía remitió en diciembre al juzgado que investiga el caso más ejemplos de obras adjudicadas a dedo, irregulares o fraccionadas, lo que podría constituir un delito de prevaricación.
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El escándalo comenzó a destaparse cuando se descubrió que la Consejería de Educación, bajo la dirección de Enrique Ossorio y Rocío Albert, había fraccionado contratos menores para evitar la convocatoria de concursos públicos.
Esta práctica permitió adjudicar obras directamente a empresas seleccionadas sin competencia alguna, lo que no solo es ilegal, sino que también pone en entredicho la transparencia y la gestión de los recursos públicos.
Entre los centros afectados se encuentran el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetuán de las Victorias, donde se han detectado contratos recurrentes con las mismas empresas sin licitación pública. Estas irregularidades no solo representan un fraude económico, sino que también reflejan una falta de ética y responsabilidad por parte de los responsables de la Consejería de Educación.
La investigación ha revelado que las obras se fragmentaban en pequeños contratos para eludir los controles financieros y administrativos. Ventanas, pintura, electricidad y otros trabajos se adjudicaban por separado, permitiendo así que las empresas beneficiadas recibieran contratos sin pasar por el proceso de licitación. Esta práctica no solo es una burla a la legalidad, sino que también perjudica a otras empresas que podrían haber competido en igualdad de condiciones.
El caso ha salpicado a figuras clave del Gobierno de Ayuso, como Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, y Rocío Albert, actual consejera de Hacienda. Ambos han intentado desviar la responsabilidad, pero la magnitud del escándalo y las pruebas presentadas por la Fiscalía hacen difícil que puedan eludir las consecuencias.
Es fundamental que se asuman responsabilidades y se tomen medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos. La ciudadanía merece saber que sus impuestos se utilizan de manera justa y eficiente, y que no se tolerarán prácticas corruptas en ninguna administración.
La investigación de los contratos de FP es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y el control en la gestión pública. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sana, y es responsabilidad de todos defender estos principios para construir una sociedad más justa y equitativa.
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