
Archivo/ELSOLIDARIO.Manifestación frente a la Asamblea de Madrid de estudiantes de FP.
La Formación Profesional (FP) en España enfrenta una crisis que amenaza la formación de miles de estudiantes. La escasez de plazas para realizar prácticas obligatorias, el crecimiento desmesurado de la educación privada y las nuevas exigencias legislativas han creado un escenario preocupante. Estudiantes de diversas comunidades autónomas denuncian la falta de oportunidades para completar sus prácticas, esenciales para obtener sus títulos.
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La crisis de las prácticas en FP
En la Comunidad de Madrid, la situación es alarmante. El curso pasado, cientos de alumnos de la FP pública se quedaron sin plazas de prácticas, desplazados por estudiantes de centros privados que, según informes, pagaban hasta 500 euros por puesto en instituciones sanitarias. Este problema se ha extendido a regiones como Asturias, donde estudiantes han protestado por la ausencia de convenios necesarios para sus prácticas.
En Asturias, cientos de estudiantes de Formación Profesional (FP) se han manifestado para denunciar la falta de plazas de prácticas debido a que el gobierno del principado no firmó los convenios necesarios. Como respuesta a las protestas, el Consejo de gobierno aprobó un nuevo modelo de convenio que permitirá a los centros educativos públicos establecer acuerdos con empresas, garantizando las prácticas para el alumnado de FP. Según el Ejecutivo, este modelo busca asegurar que todos los estudiantes puedan completar su formación práctica, y la consejera Lydia Espina afirmó que habrá plazas de prácticas para todos.
El auge de la FP privada
El crecimiento exponencial de la FP privada agrava la problemática. En la última década, las matriculaciones en centros privados no concertados han aumentado un 467,5%, pasando de 39.941 a 226.661 estudiantes. Este incremento contrasta con el 31,1% registrado en centros públicos. La alta empleabilidad de la FP, con tasas del 74% para titulados de Grado Medio y 79% para Grado Superior, ha impulsado esta demanda.
La nueva ley de FP, que exige prácticas desde el primer curso y aumenta las horas obligatorias en empresas de 400 a 500, ha incrementado la demanda de plazas. Sin embargo, la oferta no ha crecido al mismo ritmo, generando un desajuste que perjudica principalmente a los estudiantes de la educación pública.
La creciente privatización y mercantilización de la FP, especialmente en su modalidad online, favorece intereses empresariales y reduce la inversión pública en educación. Esta tendencia promueve desigualdades sociales y cuestiona la calidad educativa, afectando negativamente la empleabilidad de los titulados.
La falta de acción no solo pone en riesgo el futuro profesional de miles de jóvenes, sino que también perpetúa desigualdades en el sistema educativo español.
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