
Archivo/ELSOLIDARIO.Familiares de líderes y lideresas firmantes de paz asesinados, durante el acto de conmemoración, en Bogotá, 2024.
En el norte de Colombia, específicamente en la región del Catatumbo, se han registrado recientes hechos de violencia que han conmocionado al país y a la comunidad internacional. Al menos cuatro firmantes del acuerdo de paz con las FARC han sido asesinados en medio de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha expresado su rechazo y condena ante estos ataques, destacando que representan un golpe a la implementación del Acuerdo Final y a la paz que los colombianos anhelan. La JEP ha reiterado la necesidad de ofrecer protección integral para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes dejaron las armas y siguen cumpliendo lo pactado en La Habana.
Además de estos asesinatos, se ha reportado una masacre en Tibú, donde una pareja y su bebé fueron asesinados a tiros por individuos en moto. Este acto de violencia ha sido condenado por el presidente Gustavo Petro y el gobernador William Villamizar, quienes han anunciado investigaciones y recompensas para capturar a los responsables.
Crisis humanitaria, conflictos y desplazamientos
La región del Catatumbo, rica en recursos como petróleo y cultivos de coca, ha sido históricamente un escenario conflictivo. Actualmente, enfrenta una crisis humanitaria con riesgos de desplazamientos masivos y afectaciones a la vida cotidiana de sus habitantes. Organizaciones sociales del Catatumbo han exigido el cese al fuego y el respeto a los civiles, resaltando la necesidad de una intervención gubernamental efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
Cifras alarmantes
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más de 450 excombatientes y firmantes de paz han sido asesinados. Estos asesinatos han ocurrido principalmente en zonas rurales y han sido perpetrados por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Estos eventos reflejan la persistente violencia en Colombia y la vulnerabilidad de los firmantes del acuerdo de paz, quienes, a pesar de haber optado por la reconciliación, continúan siendo blanco de ataques. Es imperativo que el gobierno colombiano y la comunidad internacional redoblen esfuerzos para proteger a quienes han apostado por la paz y garantizar la estabilidad en regiones como el Catatumbo.
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