Vincenzo Gambaretto 
Federico tiene 49 años, es sordo, no tiene ambos brazos y durante tres décadas trabajó cuidando motos en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, en el centro de Córdoba. No era solo un ingreso. Era su rutina, su vínculo con el barrio, su manera de estar en el mundo y de ganarse su propio dinero.
La ciudad lo conocía. Quizá muchos no sabían su nombre, pero sí su presencia: frío, lluvia o calor, Federico estaba ahí. Saludaba, cuidaba, acompañaba el movimiento cotidiano de una esquina que también era su lugar social. Su familia lo explicó con claridad: ese trabajo le permitía salir, sociabilizar y sentirse útil.
Pero la nueva regulación municipal para trabajadores del estacionamiento exige registrarse y usar una aplicación desde el celular. Para Federico, ese requisito no es un trámite: es una barrera. La formalización, cuando no contempla la discapacidad, puede convertirse en expulsión. El Estado dice ordenar una actividad, pero si no ofrece una alternativa accesible, deja afuera precisamente a quien más necesita acompañamiento.
La historia golpea porque muestra dos caras de la inclusión. La gente de la calle lo incluyó durante años: lo reconoció, lo saludó, confió en él. El Estado, en cambio, aparece tarde y con una norma que amenaza con cortarle el trabajo. No por falta de voluntad de Federico. No por falta de historia laboral. Sino porque el sistema no fue pensado para él.
Su familia no pidió caridad ni lástima. Pidió una salida adaptada. Eso debería ser lo mínimo: que una persona con discapacidad no tenga que elegir entre quedar excluida o encajar a la fuerza en una regla diseñada sin escucharla.
La inclusión real no es aplaudir a Federico en redes. Es garantizar que pueda seguir trabajando con apoyos, derechos y dignidad.
Una ciudad justa no borra a quienes la sostuvieron en silencio. Los cuida.
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