Vincenzo Gambaretto 
El Gobierno de Javier Milei llegó al poder en Argentina envuelto en un discurso épico sobre la libertad individual. Su fuerza política se llama La Libertad Avanza. Pero la pregunta social es inevitable: ¿qué libertad avanza cuando retroceden derechos concretos?
La libertad no es solo que el mercado mande. También es poder protestar, expresarse, estudiar, organizarse, curarse y vivir con dignidad. Y ahí aparece la contradicción.
Amnistía Internacional Argentina ha denunciado una escalada represiva vinculada al protocolo antipiquetes y señala que, desde su implementación, se registraron más de 2.500 personas heridas en manifestaciones, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria.
Protestar no puede tratarse como delito cuando lo hacen trabajadores, jubilados, estudiantes o familias que no llegan a fin de mes. Una democracia que solo tolera reclamos invisibles termina vaciando el derecho a manifestarse.
La libertad de expresión también está bajo presión. Human Rights Watch alertó en su informe mundial de 2026 que Milei y altos funcionarios han usado una retórica hostil para estigmatizar a periodistas, acusándolos sin pruebas y alentando un clima de intimidación.
A eso se suma el desmantelamiento de políticas públicas en cultura, ciencia, educación y derechos sociales. Porque la libertad real no existe igual para todos si unos pueden pagar alternativas privadas y otros quedan abandonados.
La paradoja es evidente: en nombre de una libertad abstracta, se recortan libertades concretas.
La libertad no puede ser solo la del más fuerte. También debe ser la de quien protesta, pregunta, informa, estudia, trabaja y necesita vivir sin miedo.
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