El insólito caso del “queso del Gobierno” de EE.UU.: millones de toneladas almacenadas en minas subterráneas tras un plan fallido
Ismael Valdenebro 
Reuters
El Gobierno de Estados Unidos lleva décadas acumulando enormes cantidades de queso hasta el punto de almacenar millones de kilos en minas subterráneas. Lo que hoy parece una historia casi surrealista nació, en realidad, como un plan económico para salvar a los productores lácteos, pero terminó convirtiéndose en uno de los mayores excesos de intervención estatal.
Estados Unidos es uno de los mayores productores y consumidores de productos lácteos del mundo. El queso forma parte esencial de su cultura gastronómica, desde hamburguesas y pizzas hasta todo tipo de platos procesados. Este enorme consumo impulsó durante décadas una industria láctea clave para la economía nacional.
El origen del problema se remonta a la Ley Agrícola de 1949, que permitió al Gobierno comprar excedentes para estabilizar los precios de la leche y evitar la ruina de los ganaderos. Como la leche fresca no se puede almacenar durante mucho tiempo, las autoridades optaron por adquirir derivados como mantequilla, leche en polvo y, sobre todo, queso.
Durante años, el sistema funcionó. Sin embargo, en la década de 1970, la combinación de crisis económica e inflación provocó una sobreproducción masiva. El Gobierno siguió comprando para sostener el sector, generando así un excedente histórico de queso difícil de gestionar.
El punto crítico llegó en 1981, cuando la Administración de Ronald Reagan se encontró con más de 25.000 toneladas de queso almacenadas, cuyo mantenimiento costaba cerca de un millón de dólares diarios. Ante esta situación, se decidió distribuir parte del excedente a programas de ayuda alimentaria para familias vulnerables.
Aun así, el problema no desapareció del todo. Durante años, incluso se incentivó a cadenas de comida rápida a usar más queso para reducir el stock. Hoy, aunque el volumen es menor, Estados Unidos sigue almacenando grandes cantidades en cuevas, minas y almacenes subterráneos.
Este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo una política pensada para proteger a un sector puede derivar en un costoso problema estructural, con consecuencias que aún perduran.
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