El 3 de septiembre, estudiantes secundarios y universitarios volvieron a marchar por Santiago contra las políticas educativas, económicas y de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast. Convocaron la ACES, la Red de Solidaridad Estudiantil y organizaciones vinculadas a la Confech.
La marcha había sido autorizada desde Plaza Baquedano hacia Los Héroes, pero terminó interrumpida en el sector de Universidad Católica. Carabineros utilizó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos durante los incidentes y al menos cuatro manifestantes fueron detenidos, entre ellos un adolescente de 16 años.
No es una protesta aislada.
Desde que Kast asumió el 11 de marzo, su Gobierno inició un fuerte ajuste fiscal. La primera fase contempló aproximadamente 4.000 millones de dólares en reducciones y una rebaja cercana al 3% sobre partidas presupuestarias; Kast había prometido recortar unos 6.000 millones en 18 meses.
La educación lleva meses dentro de la protesta. Estudiantes ya habían salido a las calles contra reducciones presupuestarias, posibles restricciones a la gratuidad universitaria y cambios en becas y créditos estudiantiles.
El Gobierno sostiene que necesita ordenar las cuentas públicas, reducir burocracia y concentrar recursos en resultados educativos. Esta misma semana el Ministerio presentó 20 medidas que, según el Ejecutivo, buscan descargar administrativamente a las escuelas y fortalecer su gestión.
Los estudiantes describen otra realidad: colegios precarios, menos recursos y una política que consideran mucho más rápida para ajustar gasto que para garantizar derechos.
Y ya han puesto otra fecha en el calendario.
La Confech convocó para el 1 de octubre una nueva paralización, esta vez centrada en el Presupuesto 2027, financiación universitaria, educación pública, alimentación, transporte y salud mental.
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