Donald Trump quiere revisar las protecciones de uno de los mamíferos más amenazados de Norteamérica.
El presidente firmó el 4 de septiembre una orden que obliga al Departamento del Interior a determinar, en un máximo de 90 días, si el lobo gris mexicano y otras poblaciones de lobo gris cumplen los requisitos para rebajar o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La orden abre la puerta a algo más concreto: facilitar que los estados permitan controles letales de lobos cuando amenacen ganado y revisar las reglas federales para responder con mayor rapidez, incluido el “precision targeting”.
No significa que desde hoy cualquier ranchero pueda disparar a cualquier lobo.
Pero sí mueve la política federal en esa dirección.
El argumento del Gobierno es la protección de explotaciones ganaderas. Los ataques al ganado existen y las autoridades ya disponen de mecanismos de compensación y, en determinados casos, de retirada letal de animales problemáticos.
El contexto biológico también importa.
A finales de 2025 había un mínimo de 319 lobos en libertad en Arizona y Nuevo México, frente a 286 un año antes. La recuperación es extraordinaria si se recuerda que la subespecie había sido prácticamente exterminada del medio natural durante el siglo XX.
Pero alcanzar 319 animales un año no equivale automáticamente a recuperación definitiva. El propio programa fija criterios ligados a poblaciones sostenidas durante varios años y mantiene preocupaciones sobre diversidad genética.
Trump presenta la medida como apoyo a los ganaderos.
Los próximos 90 días determinarán cuánto de esa ayuda terminará traduciéndose en menos protección para un animal que Estados Unidos pasó décadas intentando recuperar.
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