Ismael Valdenebro 
EFE
En 2024, más de la mitad de los contratos militares de Israel tuvieron como destino Europa, alcanzando un valor cercano a los 8.000 millones de euros. Así lo revela un informe elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos, que denuncia la existencia de una compleja red empresarial que facilita la expansión de la industria militar israelí en el continente.
El documento, titulado “Las puertas de entrada de la tecnología del genocidio en Europa”, expone cómo compañías vinculadas a armamento, drones y ciberseguridad encuentran en Europa un entorno favorable para operar. Este crecimiento se apoya en el uso de empresas filiales, acuerdos con gobiernos y el acceso a financiación europea, configurando un sistema que permite ampliar su actividad con discreción.
La guerra en Gaza ha obligado a Israel a reorientar su economía hacia el ámbito militar. La caída de la inversión extranjera, la movilización de reservistas y las dificultades logísticas han impulsado a muchas empresas a trasladar parte de sus operaciones fuera del país. Según el informe, una de cada cinco empresas tecnológicas israelíes ha externalizado actividad, mientras miles de trabajadores especializados han emigrado. Este proceso ha reforzado el papel de Europa como socio estratégico.
Entre los países clave destacan Alemania, Chipre y Luxemburgo. Alemania actúa como principal plataforma para legitimar y normalizar la tecnología militar israelí, enmarcándola en la cooperación en defensa. Chipre ofrece ventajas fiscales y facilidad para crear empresas rápidamente, mientras que Luxemburgo permite estructurar entramados empresariales que dificultan rastrear el origen de las compañías.
El informe también identifica a grandes empresas del sector militar y tecnológico, así como a compañías especializadas en drones, vigilancia y ciberseguridad. Muchas de ellas desarrollan tecnologías avanzadas que, según los expertos, evolucionan más rápido que la capacidad de regulación, generando importantes vacíos de control democrático.
Además, grandes multinacionales tecnológicas y fondos de inversión internacionales participan en este ecosistema, aportando financiación y apoyando su crecimiento. Para los autores del informe, esta situación plantea un desafío urgente: dejar de considerar estas actividades únicamente desde una perspectiva económica y abordarlas como una cuestión política y de derechos humanos.
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