Acusaciones graves y fondos millonarios
La ONG Quorum Social 77, responsable de la atención de menas en Canarias, está en el centro de la polémica tras conocerse que ha recibido más de 131 millones de euros entre 2023 y 2025 para operar 31 centros de acogida con cerca de 2.000 plazas.
Sin embargo, investigaciones recientes revelan denuncias por lesiones, amenazas y agresiones, incluyendo a periodistas, así como el cierre de un centro en Gran Canaria por presuntos abusos cometidos por el personal.
El centro de Santa Brígida fue clausurado tras la detención de nueve trabajadores acusados de maltrato a menores. Además, en un hecho anterior ocurrido en Tenerife, dos reporteros franceses fueron supuestamente agredidos mientras cubrían la situación migratoria. Estos incidentes cuestionan la idoneidad de una ONG que, pese a sus ingresos públicos, ha sido señalada por prácticas contrarias a los derechos humanos.
El caso también ha tomado un matiz político. Ya que uno de los representantes visibles de Quorum Social 77 ocupa un cargo dentro del PSOE local en Gran Canaria. Lo cual ha generado suspicacias sobre posibles conflictos de interés y la utilidad pública real de la entidad.
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Un sistema desbordado
Según datos recientes, Canarias acoge actualmente a 5.665 menores migrantes, un número que ha ido creciendo progresivamente desde 2023. La mayoría son adolescentes varones procedentes de Marruecos, Mali y Senegal. Este aumento constante ha evidenciado las limitaciones del sistema de acogida, que combina financiación pública elevada con graves déficits de supervisión y protección.
El caso de Quorum Social 77 pone de relieve un problema estructural, la gestión de la migración infantil en España necesita transparencia, control riguroso y enfoque en los derechos de los menores. Los recursos públicos deben estar al servicio de la protección, no del abuso ni del clientelismo. Ante una realidad compleja y dolorosa, la rendición de cuentas es la única vía posible para garantizar una acogida digna, segura y respetuosa.
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