Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de «uso excesivo de la fuerza» por parte de la Policía durante la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. La organización desplegó equipos de observación en varias ciudades, entrevistó a 24 víctimas y testigos y analizó material audiovisual, y concluye que parte de las actuaciones fueron incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad.
Los casos más graves se produjeron en los piquetes de la mañana: al menos 36 personas resultaron heridas o con contusiones, dos de ellas con golpes de porra en la cabeza, y cinco tuvieron que ser hospitalizadas, tres en Málaga, una en Zamudio (Euskadi) y otra en Granada. En Madrid, Pau García, secretaria de Juventud de CCOO, recibió spray en la cara y un porrazo que le costó tres grapas, y en la Gran Vía la artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas. Por la tarde, la manifestación madrileña fue cortada y dispersada con cargas, gases y pelotas de goma que, según varios testimonios, no fueron precedidas de aviso.
También hubo periodistas golpeados. En Barcelona, Amnistía Internacional considera «preocupante» la presencia de agentes de paisano con porras extensibles, aunque describe la actuación de los Mossos d’Esquadra como «de contención», salvo en el caso de un hombre golpeado en las piernas, que ya se investiga. La Conselleria d’Interior cifra en 52 los detenidos y en 36 los agentes heridos en esa ciudad.
La organización subraya que la huelga fue, «en su inmensa mayoría, una jornada de protesta pacífica».
Amnistía Internacional pide investigaciones independientes e imparciales, identificación visible de los agentes, protección para los periodistas y la reforma de la ley mordaza. Valora el anuncio del Gobierno de revisar el uso del spray de pimienta, pero advierte de que «no basta» si no se extiende a porras, pelotas de goma y gases. CCOO, por su parte, anuncia acciones penales por lesiones y malos tratos, y su secretario general, Unai Sordo, ha pedido que «rueden cabezas en el mundo policial».
Mientras, un juez ha enviado a prisión provisional a tres de los detenidos en Barcelona, acusados, en esencia, de quemar contenedores y lanzar piedras y botellas; sus familiares y varios sindicatos hablan de «presos políticos» y la defensa ha recurrido.





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