
Collage: El Solidario
Partidos como PSOE, Por Andalucía y Adelante denuncian que Moreno Bonilla ha debilitado a la Intervención del SAS —que fiscalizaba adjudicaciones de 242 M€ fuera de emergencia— y que la Cámara de Cuentas ya no puede auditar contratos de 2022‑23.
La acusación se centra en transferir fondos públicos a servicios privados sin controles rigurosos, lo que ha puesto bajo lupa adjudicaciones opacas durante la pandemia. La purga de interventores que alertaron sobre irregularidades es otra prueba del desmantelamiento del sistema de control.
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La oposición exige explicaciones en el Parlamento y acusa a Moreno Bonilla de obstaculizar el trabajo de la justicia. Mientras, la fiscalía y jueces de Sevilla y Cádiz investigan posibles delitos de prevaricación y fraccionamiento ilegal de contratos.
Impacto real en la ciudadanía
Esta ofensiva institucional coincide con el colapso de la sanidad andaluza que incluye: demoras, saturación y pérdida de profesionales. La erosión del control público alimenta una privatización que perjudica la atención sanitaria de millones.
Andalucía no puede permitirse el silencio. Exigir transparencia, defender la sanidad pública y enfrentar la corrupción son actos de responsabilidad democrática. Hoy más que nunca, tocará decir: reclamemos justicia y dignidad en la gestión de lo público.
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