Vincenzo Gambaretto 
Fuente: Eh Bildu
El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha anunciado que deja el cargo tras cumplir 65 años, después de ocho años al frente de la Policía vasca y 43 años dentro del cuerpo. Lo comunicó en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, durante un acto institucional de reconocimiento a agentes.
La salida, según la versión oficial recogida por Vozpópuli, se produce por edad y cierre de etapa. Pero llega en un momento especialmente delicado: apenas dos semanas después de los incidentes en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla que regresaban de su misión hacia Gaza.
Aquel operativo dejó imágenes de cargas policiales, tensión pública y cuatro personas detenidas por desobediencia grave, resistencia y atentado contra la autoridad, según informó RTVE. La actuación de la Ertzaintza fue cuestionada por organizaciones sociales, partidos y sectores de la ciudadanía, que reclamaron explicaciones por el uso de la fuerza contra personas vinculadas a una acción humanitaria de solidaridad con Palestina.
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, lamentó lo ocurrido, habló de provocaciones y empujones, pero también asumió la responsabilidad política de investigar si la actuación policial se ajustó a los protocolos vigentes. Además, la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco abrió una investigación y pidió documentación sobre el operativo, grabaciones de cámaras, imágenes de bodycams y comunicaciones internas.
La marcha de Bujanda no debería servir para cerrar el debate. En una democracia, la seguridad pública no puede medirse solo por la capacidad de imponer orden, sino también por la proporcionalidad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.
La solidaridad con Gaza no puede convertirse en sospecha automática. Y una policía democrática debe rendir cuentas especialmente cuando interviene frente a manifestantes, activistas o ciudadanía movilizada.
Loiu necesita algo más que relevo institucional: necesita verdad, revisión y garantías para que la defensa del orden no se imponga por encima de la dignidad.
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