Vincenzo Gambaretto 
Daniel Ortega ya no intenta disimular. En el aniversario de la revolución sandinista, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. La frase confirma lo que organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando: la democracia nicaragüense no se está deteriorando; está siendo sepultada desde el poder.
El régimen Ortega-Murillo ya había concentrado funciones, perseguido oposición, cerrado espacios cívicos, encarcelado y expulsado disidentes, restringido prensa y reformado la Constitución para consolidar la copresidencia de Ortega y Rosario Murillo. Las elecciones, cada vez más vaciadas, funcionaban como decorado. Ahora Ortega apunta directamente contra la posibilidad misma de alternancia.
No hay revolución que justifique cancelar el voto. Ninguna memoria de lucha popular puede convertirse en coartada para eternizar una familia en el poder. El sandinismo nació contra una dictadura; Ortega lo ha llevado a parecerse demasiado a aquello que decía combatir.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el anuncio y advirtió que eliminar elecciones cierra la posibilidad de un desafío electoral. La CIDH también ha señalado una concentración absoluta de poder en el entorno Ortega-Murillo y una de las crisis de derechos humanos más graves de la región.
Nicaragua merece algo más que obediencia y miedo. Merece instituciones, prensa libre, oposición legal, sociedad civil viva y elecciones reales. Un país no pertenece a quien lo gobierna. Mucho menos a quien decide que nadie más podrá disputarle el poder.
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