El CERMI denuncia que las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras invisibles que el mercado laboral no quiere ver
Rocío Benítez 
Fuente Pexels
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) agrupa a más de 4.000 organizaciones que trabajan con y por las personas con discapacidad en España. Su diagnóstico para 2026 es claro: los avances legales no se están traduciendo en igualdad real.
La tasa de empleo de las personas con discapacidad en España sigue siendo significativamente inferior a la de la población general. A pesar de que la ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de sus puestos para personas con discapacidad, el cumplimiento de esa cuota es deficiente y las sanciones, escasas. Muchas empresas prefieren pagar la alternativa legal —contratar con centros especiales de empleo— a integrar realmente a estas personas en sus plantillas.
Las barreras no son solo físicas. Son también actitudinales: los prejuicios de los responsables de recursos humanos, la infravaloración de las capacidades de las personas con discapacidad, la falta de adaptaciones razonables en los procesos de selección. El CERMI documenta también la brecha digital: muchas personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva no pueden acceder a servicios digitales que no están diseñados con criterios de accesibilidad.
En el sistema de acogida de refugiados, el propio Ministerio de Inclusión acaba de exigir a las organizaciones gestoras que reserven el 1% de las plazas totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida. Es un primer paso. Pero la inclusión real requiere mucho más que porcentajes mínimos.
La discapacidad no es una tragedia personal. Es una situación que la sociedad puede hacer más o menos difícil según cómo diseñe sus espacios, sus leyes y sus actitudes.
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