Fuente EFE
El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch dedica un capítulo específico a España y lo que describe en materia de racismo y xenofobia debería ser incómodo para cualquier gobierno que se diga democrático.
En julio de 2025, en Torre-Pacheco (Murcia), grupos de vigilancia atacaron a personas percibidas como extranjeras tras la agresión de un hombre mayor por tres individuos supuestamente de origen norteafricano. Grupos de extrema derecha habían incitado previamente a la violencia antimigrante en redes sociales. El resultado fue una espiral de agresiones que HRW documenta como ejemplo de cómo el discurso de odio en línea puede traducirse en violencia física en cuestión de horas.
El informe también señala el papel de las plataformas tecnológicas, a las que la ministra de Inclusión instó a actuar con mayor contundencia para frenar el odio en línea dirigido especialmente a hombres y niños migrantes de origen norteafricano.
Organizaciones como SOS Racismo llevan décadas documentando que el racismo en España no es un fenómeno marginal: está presente en el acceso al empleo, a la vivienda, en los controles policiales y en los medios de comunicación. Y en 2025 y 2026, la normalización del discurso de extrema derecha en la esfera pública ha dado cobertura a quienes antes no se atrevían a expresarlo abiertamente.
El odio no surge de la nada. Crece cuando se le da espacio, cuando se le llama «preocupación legítima» y cuando quienes tienen poder para frenarlo miran hacia otro lado.
España tiene las herramientas legales para perseguir el discurso de odio. Lo que hace falta es voluntad de usarlas.