Foto: Kaloian
Un vídeo viral muestra a efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina equipándose y preparándose para un operativo, acompañado de una pregunta inquietante: ¿para quién se prepara una fuerza de estructura militarizada cuando delante no hay una frontera ni un ejército extranjero, sino ciudadanos argentinos?
La historia requiere una precisión. La Gendarmería nació en 1938 como fuerza federal militarizada y conserva entre sus funciones fundamentales la vigilancia de fronteras. Pero legalmente no trabaja exclusivamente allí: también integra el sistema de seguridad interior y su normativa permite que el Poder Ejecutivo disponga su intervención ante determinadas alteraciones graves del orden público.
Por tanto, la cuestión no es si puede actuar dentro del país.
La cuestión es cómo.
Durante la gestión de Milei, Gendarmería ha intervenido repetidamente frente a movilizaciones sociales, incluidas protestas de jubilados y manifestaciones ante el Congreso donde se han utilizado gases, balas de goma y otros medios antidisturbios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido a Argentina que, en una democracia, el uso de la fuerza durante protestas debe ser excepcional, necesario y proporcional.
Ahí la frontera cambia dentro.
Una fuerza preparada para enfrentar amenazas graves empieza a aparecer ante personas que reclaman jubilaciones, salarios, ciencia o derechos sociales.
La ley puede permitir despliegues.
La democracia exige límites.
Porque una cosa es proteger edificios, impedir agresiones o garantizar seguridad. Otra muy distinta es construir políticamente la protesta como un enemigo que debe ser reducido.
Los uniformados cumplen órdenes dentro de una cadena de mando. Por eso reprimir también es política: detrás del casco, el escudo y el gas existe una autoridad que decide desplegarlos.
Una democracia fuerte no demuestra su fuerza haciendo retroceder ciudadanos.
La demuestra permitiéndoles reclamar sin convertir la calle en una frontera interior.