Una reciente investigación ha revelado que aproximadamente el 10% de las viviendas en la Comunidad Valenciana están construidas en áreas catalogadas como inundables. Particularmente alarmante es el caso de Daimús, donde el 71% de las edificaciones se ubican en zonas de alto riesgo de inundación.
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La construcción en áreas inundables no es un fenómeno aislado en la región. Municipios como Xàbia también presentan cifras preocupantes, con un 16% de sus viviendas situadas en zonas susceptibles a inundaciones, según datos del Catastro y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Esta situación se ha visto agravada por fenómenos climáticos recientes, como la DANA, que ha obligado a redibujar el mapa de la España inundable, elevando a dos millones el número de viviendas en riesgo.
Normativas débiles y presión urbanística
Las razones detrás de esta problemática son diversas. Por un lado, la falta de una normativa restrictiva en el pasado permitió la edificación en áreas de riesgo. Por otro, la presión urbanística y los intereses económicos han llevado a la expansión de construcciones en zonas no aptas para el desarrollo urbano.
Además, se ha detectado que durante la burbuja inmobiliaria se incrementó la edificación en áreas inundables, exacerbando la vulnerabilidad de estas zonas. En el litoral mediterráneo, se estima que existen alrededor de 200.000 viviendas en estas condiciones, lo que refleja una planificación urbana deficiente y una falta de consideración por los riesgos ambientales.
La Comunitat Valenciana es la octava autonomía con mayor porcentaje de viviendas en zonas inundables, con el 10,2% de su parque inmobiliario en riesgo. Murcia lidera con un 26,9%, seguida por Asturias con un 14,3%. En la región valenciana, unas 29.812 viviendas están en áreas de alto riesgo, 150.000 en riesgo medio y 148.000 en riesgo bajo. Por provincias, Valencia tiene el mayor porcentaje de inmuebles en zonas inundables (12,1%), seguida de Castellón (10,8%) y Alicante (8%).
El precio de construir en zonas inundables
La construcción en zonas inundables no solo pone en peligro a los residentes, sino que también implica un elevado costo económico y social. Las inundaciones recurrentes generan pérdidas materiales, desplazamientos de población y una carga significativa para las arcas públicas en términos de ayudas y reconstrucción.
Las autoridades locales y regionales tienen que adoptar medidas contundentes para frenar la edificación en áreas de riesgo y promuevan una planificación urbana sostenible. La revisión de las normativas urbanísticas, junto con una estricta vigilancia de su cumplimiento, es esencial para garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el medio ambiente.
La situación en la Comunidad Valenciana es un claro llamado de atención sobre la necesidad de replantear las políticas de desarrollo urbano, priorizando la seguridad y el bienestar de las personas por encima de los intereses económicos a corto plazo.
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