La Fiscalía del Supremo señala al ultraderechista Alvise Pérez por instigar el caos en Ferraz
Fatima Makhoukh 
Archivo Europa Press/ELSOLIDARIO.El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta, a 1 de julio de 2024, en Madrid.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación de Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, por su presunta implicación en las protestas violentas frente a la sede del partido socialista PSOE en Ferraz, Madrid.
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Según el ministerio público, Alvise utilizó sus redes sociales para difundir mensajes que instigaron los disturbios, acusándolo de un posible delito de desórdenes públicos agravados.
Las manifestaciones, ocurridas en un contexto de alta polarización política, se tornaron violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Fiscalía considera que los mensajes de Alvise Pérez contribuyeron directamente a fomentar el caos, lo que refuerza la importancia de actuar contra quienes usan plataformas digitales para incitar al odio o la violencia.
Caos y desorden público
La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que Alvise Pérez podría estar implicado en un delito de desórdenes públicos debido a la difusión de mensajes en su canal de Telegram, que es público y cuenta con gran alcance por el número de seguidores.
El caso de Alvise Pérez no es el único en el que figuras públicas son señaladas por el uso irresponsable de redes sociales. La creciente influencia de estas plataformas en la esfera política plantea preguntas urgentes sobre la necesidad de regular el contenido y promover la responsabilidad en línea. Organizaciones de derechos digitales y colectivos progresistas han advertido sobre el impacto que este tipo de prácticas tiene en la democracia y el orden público.
Mientras el Tribunal Supremo evalúa la solicitud de imputación, el caso subraya la necesidad de una mayor vigilancia y sanción contra el uso malintencionado de las redes sociales. La incitación a la violencia y la polarización digital son amenazas que requieren una respuesta firme y coordinada.
Financiación ilegal
La Audiencia Nacional también investiga a Alvise Pérez y al empresario Álvaro Romillo por posibles delitos de financiación ilegal y electoral. Según el juez José Luis Calama, Romillo habría entregado 100.000 euros en efectivo para financiar la campaña de Pérez al Parlamento Europeo con «Se acabó la fiesta».
El magistrado considera que ambos están vinculados en los hechos, que implican donaciones ilegales. Debido al aforamiento de Pérez como eurodiputado , el caso deberá ser investigado por el Tribunal Supremo.
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