Fausto 
El Solidario. La lesbofobia sigue presente en España.
Hace más de dos años, Antía y su pareja fueron víctimas de lesbofobia institucional cuando un funcionario del Registro Civil de Pontevedra se negó a inscribir a su hijo.
No fue un malentendido ni un error administrativo: fue discriminación directa, amparada en una interpretación restrictiva y sesgada de la ley trans, que, según denuncian, contiene un vacío legal malintencionadamente utilizado para justificar la exclusión.
MUY INTERESANTE
La situación es tan absurda como cruel. En lugar de proteger, la administración pública, que debería garantizar los derechos de todas las familias, actuó como muro de exclusión. Este funcionario no actuó solo como individuo con prejuicios, sino como parte de un sistema que todavía penaliza a las familias LGTBI+.
Lo más alarmante es que, hoy en día, el Ministerio de Justicia sigue sin dar respuesta ni reparación. Dos años de espera, dos años de silencio, dos años de impunidad.
No estamos ante un caso aislado. Lo ocurrido en Galicia es una muestra más de cómo la lesbofobia se expresa también desde las estructuras estatales. Y peor aún: cómo se perpetúa cuando el Estado, pese a reconocer errores, no asume su responsabilidad institucional.
La ley trans y de derechos LGTBI, aprobada con grandes expectativas, no puede quedarse en un símbolo vacío. Las leyes deben blindar, no dejar resquicios por donde se cuelen los prejuicios.
Antía y su pareja no piden favores, exigen justicia. Reclaman lo que les corresponde como madres, como ciudadanas, como personas. Y no están solas. Las familias diversas necesitan protección jurídica, pero también reparación cuando son agredidas por la maquinaria burocrática.
El Ministerio de Justicia no puede seguir escondido. Cada día sin respuesta es un nuevo agravio. Y cada silencio institucional es una manera de decir que hay ciudadanos de primera… y otros que todavía tienen que demostrar que existen. Basta ya de discriminación disfrazada de tecnicismo legal.
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