Fausto 
El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.
La propuesta de la jueza Inmaculada Iglesias de llevar a juicio a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar 350.000 euros a Hacienda, no solo destapa un escándalo judicial, también revela el profundo deterioro moral de quienes, desde el poder, exigen sacrificios al pueblo mientras se blindan tras privilegios y mentiras.
El procesamiento incluye dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, pero el daño va mucho más allá del Código Penal.
Resulta insoportable escuchar a Ayuso hablar de “libertad” mientras el entorno más íntimo de su gobierno opera al margen de la legalidad tributaria. El fraude fiscal no es un “asunto privado”, como pretende hacer creer.
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Es un ataque directo a lo público, a las escuelas, hospitales y servicios sociales que se sostienen con el esfuerzo de la ciudadanía que sí cumple. Cada factura falsa emitida por el novio de Ayuso, según la causa judicial, representa un robo al bien común.
Según información publicada por medios digitales, fue el propio abogado del empresario quien reconoció que su cliente ordenó simular servicios inexistentes para beneficiarse ilícitamente. Lo llamativo es que, lejos de exigir explicaciones, Ayuso ha optado por el silencio cómplice o, peor aún, el victimismo político. ¿Hasta cuándo se va a permitir que los corruptos se escuden en la crispación para no rendir cuentas?
Es también grave que, mientras la derecha mediática aplaude cada tijeretazo social y exige castigo para quienes sobreviven en la economía sumergida, guarde silencio ante una élite empresarial que defrauda con total impunidad. El mensaje es claro: si eres pobre, te vigilan; si eres poderoso, te protegen.
La justicia ha hablado. Ahora, le toca a la ciudadanía no resignarse. Porque la corrupción no empieza ni acaba en un juzgado: empieza cuando dejamos de indignarnos. Y si la ética no habita en el despacho de quien gobierna Madrid, habrá que buscarla en las calles, donde aún se defiende lo justo.
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