Rocío Benítez 
Fuente EFE
Cuando un gobierno autonómico empieza a hablar de «prioridad nacional» para repartir ayudas sociales, no describe una política de eficiencia: traza una frontera interna entre quién merece derechos y quién no. Eso es lo que ocurre en la Comunitat Valenciana, donde el pacto entre PP y Vox ha convertido el discurso antiinmigración en texto normativo. Lo que antes era retórica de mitin ahora aparece en presupuestos, decretos e instrucciones internas que definen, con nombre y apellido, a quién atiende la administración primero.
La fórmula se repite en distintos frentes: recortes en programas de acogida a menores extranjeros no acompañados, condiciones más duras para acceder a ayudas de emergencia social, y un lenguaje institucional que insiste en que España «no va a regalar pasaportes». Cada medida, tomada por separado, se presenta como sentido común presupuestario. Juntas, dibujan un patrón: la nacionalidad o el origen como criterio de exclusión administrativa. No hace falta una ley que diga «esto es racismo» para que una persona migrante lo sienta en la fila de un centro social.
Los técnicos que gestionan estas políticas rara vez usan esa palabra. Hablan de «racionalizar recursos» o de «priorizar a los valencianos». Pero el efecto es idéntico al de cualquier discriminación: una familia con papeles en regla, que paga impuestos y matricula a sus hijos en la escuela pública, recibe un trato distinto solo por su procedencia. Las entidades sociales que trabajan sobre el terreno llevan meses advirtiendo que estas normas no resuelven ningún problema real de gestión, solo trasladan la carga del ajuste a quienes menos capacidad tienen de defenderse.
La igualdad ante la ley no es negociable según el color de la bandera que uno lleve en el pasaporte. Cuando una comunidad autónoma legisla pensando en excluir, no está gobernando para todos sus vecinos, solo para una parte. Y esa distinción, por mucho que se disfrace de gestión, tiene un nombre.
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