Rocío Benítez 
Fuente Unsplash
Comprar una casa en Andalucía se está convirtiendo en una carrera de obstáculos donde la meta se mueve más rápido que las piernas de quienes corren. Los últimos datos oficiales reflejan una realidad cruda: acceder a un hogar estable no es solo una cuestión de esfuerzo, sino un privilegio económico fuera del alcance de la mayoría social, especialmente de los jóvenes.
Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en Andalucía experimentó un incremento del 13,3% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte sitúa a la comunidad en una tendencia preocupante que encadena ya 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales. La presión es especialmente asfixiante en el mercado de vivienda de segunda mano, cuyo valor se disparó un 13,6%, superando incluso el crecimiento de los inmuebles de nueva construcción (11,3%).
Detrás de estos fríos porcentajes se esconden historias reales de emancipación frustrada y familias ahogadas por cuotas hipotecarias o alquileres que devoran los salarios. Cuando el mercado inmobiliario sube a doble dígito pero los sueldos se mantienen estancados, la brecha de la desigualdad se ensancha. La vivienda usada, que tradicionalmente funcionaba como la vía de entrada más asequible para las economías trabajadoras, está liderando una escalada de precios que expulsa a los vecinos de sus propios barrios.
Garantizar un techo digno requiere repensar las políticas públicas prioritariamente. Es urgente ampliar el parque de vivienda social y regular un mercado desbocado para que el código postal deje de determinar el bienestar de las personas. La vivienda debe volver a ser lo que dicta nuestra Constitución: un derecho fundamental, nunca un bien de especulación.
About The Author
