Una reciente investigación periodística ha destapado que el exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, voló a Colombia en noviembre de 2022 compartiendo una misma reserva conjunta con tres altos cargos de la aerolínea Plus Ultra, un comisario de policía vinculado al PP y dos empresarios de la órbita ultraconservadora. El trayecto, operado bajo el vuelo PU221, se realizó mientras el magistrado seguía en activo instruyendo causas de enorme sensibilidad política y social.
El viaje saca a la luz una alarmante red de conexiones ocultas. En los asientos contiguos viajaban Julio Martínez Sola (presidente de la compañía), Roberto Roselli (CEO) y Santiago Fernández Lema, directivos investigados en ese momento por presunto blanqueo de capitales. Junto a ellos se encontraba el comisario Pedro Agudo, exjefe de gabinete en la etapa del Gobierno del Partido Popular y salpicado por el caso Kitchen, una causa que el propio García-Castellón instruyó rechazando imputar a la cúpula de dicha formación. Completando el grupo figuraban Julio Ariza, dueño del entramado mediático de Intereconomía, y el empresario convicto Fermín Elizalde.
Este encuentro en el espacio aéreo plantea serios interrogantes sobre la independencia judicial y la ética pública. Ninguno de los funcionarios implicados ha aclarado quién sufragó los costes del billete o si se solicitaron los permisos obligatorios al CGPJ.
La confluencia de la alta magistratura con los poderes policiales y empresariales bajo sospecha erosiona la confianza institucional. Para transformar nuestra sociedad y garantizar la justicia social, la ciudadanía debe exigir una separación real de poderes y una transparencia absoluta que impida que las decisiones que nos afectan a todos se acuerden en la impunidad de la primera clase.
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