El vídeo polémico de Feijóo pidiendo el voto para Keiko Fujimori que acabó eliminando tras recibir un aluvión de críticas
Rocío Benítez 
Movilización civil en las calles de Lima en defensa de la memoria histórica frente al fujimorismo. Fuente: EFE/Paolo Aguilar
El Partido Popular protagonizó un tenso episodio de política internacional el pasado fin de semana al difundir en sus redes sociales un vídeo de su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo el voto para la candidata ultra Keiko Fujimori. La publicación provocó una inmediata oleada de indignación ciudadana, lo que obligó a la formación conservadora a borrar la publicación pocas horas después. Sin embargo, el rastro digital ya había reabierto un debate profundo sobre la memoria democrática en plenas elecciones presidenciales de Perú, donde la candidata de Fuerza Popular se mide en una decisiva segunda vuelta contra el izquierdista Roberto Sánchez.
Para comprender el rechazo que genera este movimiento, es imprescindible apelar al contexto histórico. El fujimorismo no es una corriente política cualquiera; representa la herencia directa del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), una década marcada por el autoritarismo, la corrupción institucional y la violación sistemática de los derechos humanos. La sombra de crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, o el dramático programa de esterilizaciones forzadas que afectó a miles de mujeres indígenas y campesinas, sigue siendo una herida abierta en la sociedad andina. Por ello, el antifujimorismo opera en Perú no como una simple postura partidista, sino como un pilar de defensa de la dignidad y la justicia social.
Este suceso demuestra que, en un mundo interconectado, la política ya no entiende de fronteras. El intento por relativizar el apoyo a una dinastía ligada a crímenes de lesa humanidad ignora el impacto emocional en la comunidad migrante y el respeto debido a las víctimas. La rectificación posterior evidencia que las sociedades actuales exigen coherencia ética: los lazos internacionales de nuestros representantes deben fundamentarse siempre en la defensa irrestricta de los derechos humanos, y esa es una responsabilidad que ningún botón de «eliminar» puede eludir.
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