Un tribunal de arbitraje en California ha condenado a Uber a pagar 40,3 millones de dólares a la familia de Emily Normandin-Parker, la joven de 23 años que murió atropellada en agosto de 2023 después de que un conductor de la plataforma la dejara junto a una amiga en el arcén de una autopista.
Según reconstruyó el juez retirado Richard A. Stone, que actuó como árbitro, Normandin-Parker y su amiga Luna Moore habían pedido un Uber tras salir de un bar. Cuando Moore se encontró mal durante el trayecto, el conductor, Vu Tran, paró el vehículo en una zona del arcén «insegura e ilegal», en lugar de dirigirse a la salida más cercana. En plena discusión por los gastos de limpieza del coche, Normandin-Parker, que estaba intoxicada, bajó del vehículo y murió atropellada por el tráfico poco después.
Los datos de GPS del propio conductor revelaron que Tran pasó junto al cuerpo de la joven antes de tomar la siguiente salida, y que más tarde presentó ante Uber una reclamación por los gastos de limpieza del coche, como si nada hubiera ocurrido.
El árbitro concluyó que Tran debería haber llevado a las pasajeras hasta un lugar seguro y responsabilizó también a la empresa: 20 millones de dólares para cada uno de los padres, Carol Normandin y Ken Parker, y 300.000 dólares para Moore. Uber había intentado eximirse de responsabilidad alegando que Tran era, según la Proposición 22 aprobada en California en 2020, un contratista independiente y no un empleado de la compañía. El árbitro rechazó ese argumento y sostuvo que la plataforma también debía responder.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el modelo laboral en el que se sostienen Uber y el resto de las plataformas de economía «gig»: conductores sin contrato, sin cobertura ni supervisión real, que cargan en solitario con decisiones de las que depende la vida de sus pasajeros. La condena no cambia ese modelo, pero deja claro que la empresa no puede lavarse las manos cuando algo sale mal.
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