Un relator especial de Naciones Unidas ha concluido que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta 68 ataques desde septiembre de 2025, con un saldo de 223 personas muertas.
El relator Ben Saul es contundente: «Existen motivos razonables para creer que los 68 ataques denunciados, en los que murieron 223 personas, constituyeron crímenes de lesa humanidad por homicidio según el derecho internacional». Las operaciones, agrupadas bajo el nombre «Lanza del Sur», comenzaron a principios de septiembre de 2025 y se han prolongado durante más de un año sin apenas fiscalización internacional.
Según el informe, ninguna de estas embarcaciones había perpetrado ataques armados contra Estados Unidos, lo que, según Saul, invalida cualquier justificación basada en la legítima defensa. El relator sostiene además que los bombardeos vulneran el derecho internacional humanitario, el derecho marítimo, las convenciones internacionales de control de drogas y el derecho internacional contra el terrorismo: un catálogo casi completo de las normas que, en teoría, deberían frenar este tipo de operaciones.
Desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido la ofensiva como una forma de eliminar a «narcoterroristas» y proteger a la ciudadanía estadounidense de las muertes vinculadas al narcotráfico. Ese argumento, sin embargo, choca con un principio básico del derecho internacional: ni siquiera sospechar de una persona de traficar con drogas autoriza a ejecutarla sin juicio previo.
El más reciente de estos ataques, con cuatro muertos, se produjo hace apenas unos días en el Caribe, lo que confirma que la política continúa pese a las advertencias de la ONU.
Que un organismo de Naciones Unidas hable abiertamente de crímenes de lesa humanidad para describir la actuación de una potencia como Estados Unidos no es un matiz diplomático menor. Es una acusación grave que exige una investigación independiente — y que, mientras Washington la ignore, seguirá sumando cuerpos a una guerra contra las drogas que mata sin garantizar ni un mínimo de justicia.
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