¿Qué significa defender un país cuando hablamos de vivienda?
La pregunta vuelve a aparecer en Madrid después de dos escenas muy distintas.
En septiembre de 2025, Isabel Díaz Ayuso participó en el Real Estate Forum organizado por BlackRock. Allí abrió su intervención agradeciendo a la multinacional que eligiera Madrid y defendió un modelo basado en atraer inversión, proteger la propiedad privada y evitar la intervención de los precios de compra y alquiler.
Un año después, Maricarmen Abascal, de 87 años, con discapacidad y movilidad reducida, fue desahuciada de la casa de Retiro en la que llevaba viviendo desde 1956. Salió en camilla después de que una comisión judicial ejecutara el lanzamiento solicitado por Urbagestión Desarrollo e Inversiones. La empresa había planteado elevar un alquiler que rondaba los 500 euros hasta cantidades muy superiores a su pensión.
No existe evidencia de que BlackRock tenga relación con ese inmueble ni de que Ayuso ordenara el desalojo.
Pero colectivos de vivienda y partidos de la oposición han utilizado ambos episodios para cuestionar qué intereses prioriza el modelo inmobiliario madrileño.
Durante el desahucio, la Policía Nacional retiró por la fuerza a activistas que intentaban impedirlo. Fotografías muestran personas sacadas a rastras y varias activistas denunciaron haber recibido golpes de porra; esa descripción de la violencia procede de sus testimonios.
Maricarmen terminó fuera de su casa.
Y detrás de la discusión partidista permanece una pregunta más amplia:
¿cómo debe equilibrar una sociedad la protección de la propiedad, la inversión y el derecho de una persona vulnerable a conservar una vivienda digna?
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