El Partido Popular ha apartado a Alberto Durán, director de sus servicios jurídicos, de los principales casos judiciales que mantiene abiertos contra el PSOE: los casos Zapatero, Koldo, Leire Díez, mascarillas y la trama de comisiones en obra pública. En su lugar, el PP incorpora al penalista Henry Feltenstein y refuerza el equipo con el despacho internacional Baker & McKenzie, con la abogada María Massó al frente.
La dirección del partido presenta el cambio como un refuerzo, no como una degradación: según fuentes del PP, el elevado volumen de causas por corrupción vinculadas al PSOE exige incorporar especialistas en delitos económicos capaces de manejar expedientes con un componente financiero muy complejo.
Sin embargo, fuentes internas consultadas apuntan a tensiones entre Durán y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional y Justicia del PP, por discrepancias sobre cómo de agresiva debe ser la estrategia judicial del partido. El propio Durán había logrado hasta ahora dos de los golpes judiciales más sonados de la legislatura: la condena a 24 años de José Luis Ábalos y la inhabilitación de nueve años para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El movimiento no está exento de riesgo estratégico. Otras acusaciones populares personadas en las mismas causas —HazteOir, Vox, Iustitia Europa— podrían oponerse a la unificación de la representación ante los jueces, lo que retrasaría los procedimientos. Tampoco ayuda que uno de los abogados de Baker & McKenzie, Jesús Santos, represente a un investigado en el caso Koldo, un potencial conflicto de intereses que la propia defensa del PP tendrá que despejar.
Que el PP remodele su cúpula jurídica en plena ofensiva judicial contra el PSOE confirma hasta qué punto los tribunales se han convertido en el principal escenario de la batalla política española. Mientras la ciudadanía espera explicaciones sobre la corrupción que afecta a ambos partidos, la disputa por quién dirige las togas desde fuera de los juzgados revela que, para la derecha, el litigio es también una herramienta de desgaste político.





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