Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Sin embargo, desde enero de 2026 una parte esencial del negocio funciona con una particularidad difícil de llamar soberanía económica: el crudo es venezolano, pero Washington controla los ingresos antes de que Caracas pueda disponer de ellos.
Una orden ejecutiva de Donald Trump reconoce expresamente que esos fondos son propiedad soberana de Venezuela. Al mismo tiempo, establece que el dinero procedente de petróleo y otros recursos depositado en cuentas controladas por Estados Unidos no puede transferirse sin autorización estadounidense.
En la primera operación conocida se vendieron unos 500 millones de dólares en petróleo y posteriormente se liberaron 300 millones para Venezuela. Fuentes estadounidenses han afirmado que el dinero terminará beneficiando al país, pero organizaciones y especialistas han advertido sobre la falta de transparencia respecto al total recaudado, transferido y gastado.
Por eso no puede sostenerse con fuentes sólidas que Venezuela reciba únicamente “el 2%”. La proporción exacta no está públicamente aclarada.
La situación adquiere todavía más peso ahora. La Administración Trump negocia acceso estadounidense de largo plazo a al menos 17 campos venezolanos que concentran unos 90.000 millones de barriles. Empresas estadounidenses entrarían a desarrollar parte de ellos y Estados Unidos obtendría suministro garantizado.
Venezuela necesitaba reconstruir una industria devastada por años de mala gestión, sanciones y falta de inversión.
Pero la fotografía actual tiene otra dimensión.
El barril sale de Venezuela.
La llave de caja está, en buena medida, fuera del país.
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