Cartonajes Santorromán, una empresa cuyos propietarios regularizaron más de medio millón de euros gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno del PP aprobó en 2012, figura por segundo año consecutivo entre las compañías más subvencionadas de España. En 2025 recibió 1.828.688,81 euros en ayudas públicas, un 40% más que el año anterior. La Rioja, a través de su Agencia de Desarrollo Económico —gobernada por el popular Gonzalo Capellán—, le concedió cuatro grandes ayudas por 3,1 millones de euros entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.
La paradoja no termina en el dinero público recibido. Los propietarios de la empresa han criticado públicamente, en sus propios informes, que los impuestos que pagan van «a la basura» y que la legislación laboral española fomenta «la vagancia» y protege «derechos absurdos». Es decir: una compañía que se benefició de una amnistía para regularizar patrimonio no declarado, que cobra subvenciones públicas crecientes, y cuyos dueños consideran al mismo tiempo que el Estado que les subvenciona les cobra de más y protege demasiado a sus trabajadores.
Este tipo de contradicciones no son un caso aislado, son el reflejo de un sistema fiscal que trata de forma muy distinta a quien puede permitirse una amnistía y a quien no tiene margen para planificar su fiscalidad. Mientras un asalariado no puede elegir cuánto tributa, una empresa que en su día regularizó fondos ocultos sigue recibiendo, años después, financiación pública sin que ese historial pese en la decisión de concedérsela.
El discurso sobre «los impuestos que se tiran a la basura» resulta especialmente difícil de sostener cuando proviene de quien más se ha beneficiado, primero de una amnistía fiscal y después de fondos públicos recurrentes. La incoherencia no es solo retórica: es la prueba de un sistema donde la crítica al Estado convive, sin ningún pudor, con la dependencia absoluta de ese mismo Estado.
Que estas cifras se conozcan y se puedan contrastar es, en sí mismo, una forma de justicia. La siguiente pregunta —por qué el criterio para conceder subvenciones no excluye a quien se acogió a una amnistía fiscal— sigue sin respuesta por parte de quienes reparten el dinero público.
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