El precio de la vivienda subió un 8,8% durante el primer semestre de 2026 y superó ya los 2.100 euros por metro cuadrado, según los datos del Consejo General del Notariado. La subida no es puntual ni localizada: se registró en 15 de las 17 comunidades autónomas, con Cantabria a la cabeza tras un incremento del 41,6%. Mientras tanto, las compraventas cayeron un 7,7% en el mismo período, con casi 30.000 operaciones menos que el año anterior.
El contraste entre ambos datos —precios al alza, transacciones a la baja— retrata con precisión el momento actual del mercado inmobiliario español: no es que haya más gente comprando y eso empuje los precios hacia arriba, es que los precios suben igualmente aunque cada vez menos personas puedan permitirse comprar. El acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera donde el precio de entrada sube más rápido que los salarios de quienes intentan participar en ella.
Es tentador leer estos datos únicamente en clave de mercado: oferta, demanda, tipos de interés. Pero detrás de cada punto porcentual hay familias que renuncian a independizarse, parejas que posponen tener hijos por no encontrar una vivienda estable, y un parque de alquiler cada vez más tensionado por quienes, al no poder comprar, quedan atrapados en un mercado de alquiler igualmente inflacionado.
La vivienda lleva años reconocida como derecho constitucional en España, pero cada nueva cifra de precios confirma que, en la práctica, funciona como cualquier otro activo financiero: sujeto a la especulación, a la inversión extranjera y a la escasez de oferta pública que pudiera hacer de contrapeso.
Mientras la respuesta política siga limitada a medidas parciales y la vivienda pública continúe siendo minoritaria frente a la privada, cada subida de precios seguirá teniendo el mismo resultado: una generación entera pagando, en tiempo de vida y en estabilidad, el coste de un derecho que el mercado trata como un lujo.
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