Al menos 162 personas han muerto y cerca de 1.300 siguen desaparecidas después de que un lago glaciar colapsara en la frontera entre Nepal y el Tíbet, arrasando poblaciones enteras a su paso. Entre las personas sin localizar hay cuatro ciudadanos españoles, según confirman fuentes consulares.
El desastre se concentra en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera tibetana, una zona de alta montaña donde los equipos de rescate trabajan contra el reloj en un terreno de difícil acceso, con carreteras cortadas y comunicaciones interrumpidas en buena parte de la región afectada.
Este tipo de catástrofe —conocida técnicamente como GLOF, inundación por desbordamiento de lago glaciar— no es un fenómeno aislado ni impredecible: científicos llevan años advirtiendo de que el deshielo acelerado por el cambio climático multiplica el riesgo de colapso de estos lagos en toda la cordillera del Himalaya.
Nepal, uno de los países que menos ha contribuido históricamente a la crisis climática global, es también uno de los que paga el precio más alto por ella. La comunidad internacional sigue tratando estos desastres como sucesos naturales aislados, en lugar de como la consecuencia directa y anunciada de un modelo económico que otros países han impuesto al planeta.
Mientras se cuentan los muertos y se busca a los desaparecidos, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cuántas catástrofes como esta hacen falta para que la crisis climática deje de tratarse como noticia de sección internacional y se entienda como lo que es, una emergencia global compartida de forma muy desigual.
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