Javier Milei no escondió la motosierra. La levantó en actos, la convirtió en símbolo electoral y prometió reducir drásticamente el Estado. En noviembre de 2023 ganó la segunda vuelta con alrededor del 55,7% de los votos. Es importante recordarlo porque, dos años y medio después, la motosierra fue elegida antes de convertirse en estadísticas.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la dotación del sector público nacional se redujo en casi 70.000 puestos, según un análisis de CEPA basado en las estadísticas del INDEC. El propio organismo oficial registraba en mayo 273.365 trabajadores entre Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales.
Detrás de cada número, el recorte tiene nombres: trabajadores que dejaron ministerios, organismos, empresas públicas y servicios que el Gobierno decidió reducir o cerrar.
Pero la motosierra tampoco quedó dentro del Estado.
El Monitor de Empresas de Fundar calcula que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 desaparecieron 28.262 empresas con al menos un empleado registrado, un 5,5% del total. No todas son pymes, por lo que sería incorrecto hablar de “28.000 pymes”. Pero el deterioro del tejido productivo está documentado: abril acumuló además 26 meses consecutivos de caídas interanuales.
También las empresas están cerrando mientras el relato oficial presenta la reducción del Estado y la apertura económica como camino inevitable hacia una economía más eficiente.
Nada obliga a culpabilizar colectivamente a todo un electorado. Muchas personas votaron contra la inflación, el deterioro económico o el fracaso de los gobiernos anteriores.
Pero tampoco sirve fingir que las decisiones electorales carecen de consecuencias.
Milei prometió motosierra.
Una mayoría decidió probarla.
Y ahora votar también tiene consecuencias que alcanzan mucho más allá de quien introduce una papeleta en la urna.
La democracia garantiza el derecho a elegir. No garantiza que aquello elegido no corte.