“¡Viva Colombia y viva Israel!”. La frase no la pronunció Abelardo de la Espriella, sino el rabino David Michaan durante la ceremonia de posesión del nuevo presidente colombiano. Pero el escenario no fue casual: Israel estuvo representado por su ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, y el nuevo Gobierno ya había anunciado el restablecimiento pleno de unas relaciones rotas por Gustavo Petro en 2024.
De la Espriella quiere además abrir una embajada colombiana en Jerusalén. Su Ejecutivo creó una Comisión Económica Binacional y prepara cooperación en comercio, innovación, tecnología digital, inversión y seguridad. El acuerdo de libre comercio entre ambos países, vigente desde 2020, había sobrevivido jurídicamente incluso a la ruptura diplomática.
¿Qué gana Israel? Para empezar, un aliado latinoamericano que vuelve a darle respaldo diplomático en plena devastación de Gaza. También recupera un socio para su industria tecnológica y de seguridad y una puerta comercial en Sudamérica. Para Colombia, el Gobierno presenta esa relación como acceso a tecnología, inversión y cooperación contra el narcotráfico.
Pero la alianza tiene precio.
Petro había roto relaciones precisamente por la conducta israelí en Gaza. De la Espriella no está simplemente reparando una relación comercial: está convirtiendo el acercamiento a Israel en una señal política de pertenencia al nuevo eje conservador latinoamericano cercano a Washington. Su investidura reunió precisamente a dirigentes y delegaciones de esa constelación.
Eso obliga a preguntar qué lugar ocuparán los derechos humanos cuando los negocios marcan alianzas.
Colombia puede mantener relaciones con Israel sin entregar su política exterior a Netanyahu. Puede cooperar tecnológicamente sin guardar silencio ante Gaza.
Porque Gaza también estaba presente en aquella ceremonia, aunque nadie la hubiera invitado.
Y un “viva” pronunciado desde el poder nunca es únicamente una cortesía cuando detrás empiezan a firmarse acuerdos.