Vincenzo Gambaretto 
Fuente: El Salto Diario
Los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, volvieron a vivir un episodio de violencia. Inquilinos del espacio señalan una agresión por parte del dueño de Desokupaciones García Seguridad Integral, Miguel García García, después de una nueva intervención en el enclave. Según las informaciones publicadas, dos vecinos resultaron heridos y la Policía detuvo al responsable de la empresa.
No es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, tres empleados de la misma empresa fueron detenidos por irrumpir violentamente en la vivienda de una inquilina legal de los corralones, Estefanía Ramírez. En aquella intervención se denunció el uso de gas pimienta, golpes y heridas a varias personas que intentaban apoyar a la vecina.
El conflicto de Castellar no va solo de una vivienda. Va de ciudad. Los corralones son espacios históricos de trabajo artesanal, cultura popular, alquileres antiguos y vida de barrio. Pero sobre ellos pesa un proyecto inmobiliario vinculado a hotel y apartamentos turísticos. Como tantas veces, donde había comunidad aparece una oportunidad de negocio.
La palabra “desokupa” intenta sonar a orden. Pero cuando hay contratos, vecinos, artistas, talleres, amenazas, golpes y expulsiones forzadas, lo que aparece no es seguridad: es privatización de la violencia al servicio de la especulación.
La pregunta es sencilla: ¿qué ciudad permite que empresas privadas presionen, intimiden o agredan a inquilinos mientras el negocio turístico avanza? ¿Qué protección real tienen quienes no pueden pagar el precio de una Sevilla convertida en escaparate?
Defender los corralones no es nostalgia. Es defender que la ciudad no sea entregada a quien tenga más dinero y menos escrúpulos.
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