Más de 1,17 millones de inmigrantes piden regularizarse en España y la mitad ya logra permiso temporal: récord en política migratoria
Ismael Valdenebro 
España afronta un proceso sin precedentes en materia de regularización de inmigrantes, con un total de 1.174.000 solicitudes registradas en el marco de la medida extraordinaria impulsada por el Gobierno. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 50 % de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica la concesión de un permiso temporal de residencia y trabajo, un paso clave hacia la integración social y la estabilidad jurídica de miles de personas.
El perfil de los solicitantes refleja una clara mayoría procedente de América Latina, que representa el 67 % del total, con Colombia a la cabeza (26 %), seguida de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %). Por territorios, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran el mayor volumen de solicitudes, confirmando su peso en la acogida y en el mercado laboral.
Desde el Ejecutivo se subraya el impacto social de esta medida, orientada a reducir la irregularidad administrativa y garantizar derechos básicos. La ministra Elma Saiz ha destacado que este proceso permitirá que cientos de miles de personas que ya vivían en España “con miedo y sin derechos” puedan ahora construir un futuro con mayor seguridad.
El plazo de solicitudes, ampliado hasta el 30 de junio tras la presión de organizaciones sociales y partidos políticos, ha estado marcado por la alta demanda y ciertas dificultades burocráticas. La iniciativa tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas, aunque finalmente se articuló mediante un real decreto ante la falta de consenso parlamentario.
Desde el punto de vista demográfico, el 81 % de los solicitantes tiene menos de 45 años y el 43 % son mujeres, lo que evidencia el potencial de esta población para contribuir al mercado laboral y al sistema productivo. Además, la mayoría cuenta con formación media o superior y competencias lingüísticas, factores que refuerzan su papel en la economía española.
Este proceso marca un punto de inflexión en la política migratoria en España, con efectos directos en la cohesión social, el empleo y el crecimiento económico.
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