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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP tendrán que asumir la acogida de cientos de menores migrantes no acompañados en aplicación del sistema de reparto aprobado por el Estado. El mecanismo pretende aliviar la presión de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, cuyos sistemas de protección se encuentran especialmente tensionados.
El reparto obligatorio fue aprobado por el Congreso en abril de 2025, con los votos en contra del PP y Vox, y establece que las comunidades deben recibir menores cuando un territorio se encuentre en una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Once comunidades presentaron recursos contra el sistema, alegando, entre otros motivos, una supuesta invasión de sus competencias en materia de protección de menores. Estos recursos todavía están pendientes de resolución por el Tribunal Constitucional.
Durante el último año, varios gobiernos autonómicos populares han recurrido a distintas vías para retrasar o evitar las derivaciones. Aragón, por ejemplo, ha protagonizado uno de los principales conflictos, mientras Canarias llegó a acudir hasta tres veces a la Fiscalía de Menores durante julio para reclamar la acogida de 15 menores por parte de esta comunidad.
La situación vuelve a cobrar protagonismo tras la reciente crisis migratoria de Ceuta, donde el número de menores no acompañados asciende a 2.168, según el último dato oficial citado por Público. El Gobierno trabaja además en el traslado urgente a la Península de unas 500 niñas migrantes, mediante fórmulas de acogida que permitan atender especialmente a los perfiles más vulnerables.