Rocío Benítez 
Fuente EFE
Cada año, en España, mueren en las plazas de toros alrededor de 40.000 toros y novillos. Cada uno de ellos es sometido antes de morir a un proceso de debilitamiento físico —varas, banderillas, muleta— diseñado para que el animal sufra progresivamente antes de recibir la estocada. AnimaNaturalis y otras organizaciones de protección animal llevan décadas documentando que se trata de tortura sistemática a animales sintientes, disfrazada de espectáculo cultural.
El debate no es nuevo, pero en 2026 tiene nuevas coordenadas. El Gobierno de España mantiene la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, lo que la protege legalmente y permite que reciba subvenciones públicas. Mientras tanto, la mayoría de los estudios de opinión indican que menos del 20% de la población española asiste a corridas de toros y que el rechazo, especialmente entre los jóvenes, es mayoritario.
Las ciudades que han declarado el fin de las corridas en sus plazas municipales van en aumento. Pero mientras el marco legal no cambie, la industria taurina seguirá teniendo acceso a fondos públicos.
AnimaNaturalis exige la retirada de todas las subvenciones públicas a la tauromaquia, la eliminación de su protección como patrimonio cultural y la prohibición gradual de los espectáculos con muerte del animal. No pide que nadie cambie sus gustos: pide que el dinero de todos no financie el sufrimiento de ninguno.
Una sociedad que tortura animales por entretenimiento y lo llama cultura tiene un problema con su definición de civilización. Los valores evolucionan. Las leyes también pueden hacerlo.
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