Mark Kerrison (In Pictures/Getty Images)
Níger acaba de cruzar una línea peligrosa. El nuevo Código Penal aprobado por la junta militar criminaliza por primera vez las relaciones entre personas del mismo sexo, con penas de cinco a diez años de cárcel y multas. También castiga a quienes participen en matrimonios o uniones del mismo sexo.
La medida no llega sola. Human Dignity Trust advierte que Níger se suma a una tendencia regional: países vecinos bajo gobiernos militares, como Burkina Faso y Malí, también han endurecido recientemente leyes contra personas LGTBIQ+.
El País lo planteó este 23 de junio con una clave política: en el Sahel, la criminalización de la diversidad sexual se está usando para construir un enemigo interno. En medio de pobreza, desempleo, inseguridad y crisis de legitimidad, algunos gobiernos convierten a una minoría en símbolo de amenaza extranjera.
La jugada es antigua. Cuando un poder no puede ofrecer seguridad, empleo o futuro, busca culpables fáciles. Señala cuerpos. Señala identidades. Señala vidas que ya eran vulnerables. Así fabrica una frontera moral entre “los buenos ciudadanos” y quienes quedan fuera de la dignidad pública.
La paradoja es brutal. Muchas leyes que persiguieron históricamente las relaciones entre personas del mismo sexo en África no nacieron de tradiciones locales puras, sino de códigos jurídicos implantados durante la época colonial. Lo que hoy algunos presentan como defensa frente a Occidente arrastra, en muchos casos, una herencia jurídica europea.
Criminalizar a personas LGTBIQ+ no hará más seguros los pueblos. No bajará el precio de los alimentos. No resolverá el avance de grupos armados ni dará oportunidades a una juventud sin horizonte.
Pero sí hará algo: meterá miedo.
Y cuando una sociedad acepta que una minoría puede ser perseguida por existir, el derecho deja de ser suelo común y pasa a ser permiso del poder.
El Sahel no necesita más enemigos fabricados. Necesita seguridad, justicia, pan, educación y gobiernos capaces de proteger vidas, no de castigarlas.