Fuente Unsplash
El acceso a la salud es un derecho universal, pero a menudo choca contra los engranajes financieros de la industria farmacéutica. Tradicionalmente, las corporaciones justifican las patentes temporales como la única vía para recuperar las millonarias inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de nuevos fármacos. El argumento es sencillo: sin exclusividad, no hay incentivos para innovar. Sin embargo, la realidad demuestra que este sistema suele priorizar el beneficio corporativo frente a las necesidades humanas.
El gran problema surge con prácticas como el evergreening. Esta estrategia consiste en solicitar patentes secundarias por modificaciones menores en los medicamentos (como cambiar la formulación), logrando extender el monopolio de forma artificial sin aportar mejoras terapéuticas reales. Casos como el del fármaco Humira (AbbVie), que encadenó cientos de patentes para retrasar la llegada de genéricos, o el litigio de Gleevec en la India —donde la justicia rechazó una patente por falta de novedad— evidencian cómo se manipula el sistema.
Cuando una patente principal expira y entran en juego los medicamentos genéricos, los precios caen de forma drástica entre un 80% y un 90%. Este alivio es vital para la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud pública y para el bolsillo de las familias, especialmente en los países en desarrollo.
Garantizar la salud colectiva exige repensar estas reglas de mercado. La ciudadanía y los gobiernos deben presionar para limitar los abusos legales que bloquean la libre competencia. Apoyar la investigación pública y exigir transparencia en los costes de I+D son pasos esenciales para que la ciencia médica cure enfermedades en lugar de engordar monopolios.