Rocío Benítez 
Fuente CNIO
La narrativa tradicional nos ha hecho creer que los fármacos modernos existen gracias al músculo financiero de las grandes farmacéuticas. Sin embargo, la historia de la biomedicina contemporánea demuestra lo contrario: el verdadero motor de la innovación es la inversión pública en universidades y centros de investigación estatales.
Desde la secuenciación del genoma humano hasta la edición genética CRISPR o las revolucionarias vacunas de ARNm, los mayores saltos científicos han nacido en laboratorios académicos. Son las instituciones públicas las que asumen el riesgo de la investigación básica, esa búsqueda que explora lo desconocido sin la presión de un beneficio económico inmediato. El papel de la «Gran Farma» suele limitarse a la fase final: la apropiación de patentes mediante la compra de start-ups universitarias, blindando legalmente descubrimientos colectivos.
Esto plantea un dilema ético urgente. Mientras la ciudadanía socializa los riesgos financiando la ciencia con sus impuestos, las corporaciones privatizan los beneficios imponiendo precios elevados. Reconocer que la innovación médica es un logro público es el primer paso para exigir que la salud sea tratada como un bien común y no como un activo financiero. Como ciudadanas y ciudadanos, apoyar la inversión en la universidad pública es defender nuestro propio derecho a una sanidad justa y accesible.
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