Fuente RFI
La carrera por las armas hipersónicas se ha convertido en uno de los símbolos más claros del nuevo desorden mundial. China ha tomado ventaja con sistemas como el DF-17, un misil de alcance medio equipado con vehículo planeador hipersónico, considerado operativo desde 2019 por el proyecto Missile Threat del CSIS. Según esa fuente, el DF-17 puede alcanzar velocidades estimadas entre Mach 5 y Mach 10 y un rango de entre 1.800 y 2.500 kilómetros.
Pero el dato militar no es lo más importante. Lo importante es qué revela esta carrera sobre dos modelos económicos. Mientras China concentra investigación, industria, universidades y producción estratégica bajo dirección estatal, Estados Unidos depende de un complejo militar-industrial donde grandes contratistas privados convierten la defensa en negocio.
La Oficina de Rendición de Cuentas de EE. UU. advirtió que el Pentágono desarrolla varias armas hipersónicas con dificultades de costes, riesgos de calendario y problemas para aplicar buenas prácticas de ingeniería moderna. Incluso señaló que algunas iniciativas no incorporaban suficientes herramientas digitales que podrían acelerar prototipos y reducir costes.
Al mismo tiempo, el dinero público estadounidense termina alimentando a gigantes privados. Entre 2020 y 2024, cinco empresas —Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman— recibieron 771.000 millones de dólares en contratos del Pentágono, según el proyecto Costs of War de la Universidad Brown y el Quincy Institute.
La contradicción es evidente: mientras se habla de “seguridad nacional”, muchas compañías reparten dividendos y recompran acciones. Reuters informó que en 2025 Lockheed Martin pagó 2.300 millones de dólares en dividendos y recompró acciones por otros 2.300 millones; Northrop Grumman también combinó dividendos y recompras millonarias.
Esto no significa idealizar la militarización china ni celebrar una carrera armamentística peligrosa. Significa mirar una paradoja: cuando la defensa se convierte en mercado, el contribuyente paga más y la planificación se fragmenta.
La pregunta social es incómoda: si el Estado financia la guerra, ¿por qué los beneficios se privatizan?